Por: Ingrid Suárez-@fundaciongaelcamilo-@mama_d2-resiliente

La mesa de diálogo por el Autismo coordinada por el periodista Fernando Quiroz denunció la alarmante indiferencia del Estado dominicano ante la aplicación de la Ley de 34-23 de Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). A tres años de la promulgación de la ley, el Estado dominicano mantiene esta legislación guardada en un escritorio, sin presupuesto, sin reglamento y sin aplicación.

Para una madre o un padre dominicano que cuida a un hijo con autismo, tres años no son solo un número en el calendario; son 1,095 días de angustia, de tocar puertas que no se abren, de costear terapias, consultas médicas, estudios médicos complejos, medicamentos que el seguro médico no cubre,  que muchas veces son inalcanzables, y ver como cada día que pasa en su país se convierte en una batalla por sobrevivir.

Hoy  muchas familias que luchan con la realidad del autismo tienen que enfrentarse a la realidad de ver cómo el futuro de sus hijos se desvanece por la falta de acciones concretas de las políticas públicas. Mientras las autoridades continúan invirtiendo en congresos, en capacitaciones y participando en eventos hablando de "inclusión", la realidad de las familias dominicanas es de total desamparo.

La Ley 34-23 promete una educación inclusiva, acceso a salud especializada, cobertura de terapias en la seguridad social e inserción laboral. Tres años después, la respuesta del Estado ha sido el silencio. Las familias dominicanas siguen asumiendo solas el altísimo costo económico y emocional que implica el TEA, llegando al extremo de que muchos padres a endeudarse y hasta abandonar sus empleos porque el sistema escolar público les cierra las puertas a sus hijos.

Hacemos un llamado enérgico y urgente al Poder Ejecutivo, al gobierno central,  al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación y a todas las instituciones involucradas: ¡Basta ya de indiferencia! La inclusión no es un favor que nos hacen, es un derecho constitucional.

Exigimos la asignación inmediata de los fondos necesarios para que la Ley 34-23 deje de ser un pedazo de papel y se convierta en una realidad que transforme vidas. No queremos más discursos de empatía; exigimos asignación de presupuestos especifico, un registro nacional de familias que luchan con la condición, necesitamos centros de atención, terapeutas capacitados y voluntad política.

La deuda histórica con la comunidad autista en la República Dominicana no puede esperar un día más.

Gobernar también es priorizar a los más vulnerables.