Por Aison Mentor-

CEO @apoyopsicopedagogicobyalisonmentor2025

La República Dominicana atraviesa un momento en el que la seguridad, lejos de sentirse como un derecho, se vive como una interrogante diaria. En cada esquina, en cada barrio, en cada conversación, se repite la misma sensación: algo está fallando entre quienes deben proteger y quienes necesitan sentirse protegidos.

En las calles, la presencia policial ya no es sinónimo de tranquilidad. La población observa, con creciente inquietud, cómo algunos agentes actúan con brusquedad, desconfianza y un uso de la fuerza que parece desbordar los límites del deber. La mirada del ciudadano se ha vuelto cautelosa; la del agente, muchas veces, intimidante. Esta tensión diaria se ha convertido en un espejo que refleja una relación fracturada.

La violencia, sea delictiva o institucional, no solo deja marcas visibles: deja heridas internas que tardan en sanar. El miedo constante altera rutinas, afecta el sueño, genera ansiedad y erosiona la sensación de estabilidad emocional. En los barrios donde los operativos son abruptos, la gente vive en alerta; en los hogares donde se comentan los abusos, la angustia se vuelve parte del ambiente. La violencia, en cualquiera de sus formas, termina irrumpiendo la mente.

Un policía debería ser un guardián de la vida, un mediador, un profesional entrenado para proteger, no para intimidar. Su rol exige disciplina, empatía, criterio y respeto por los derechos humanos. Su función es prevenir, orientar, acompañar. Su objetivo es garantizar que cada ciudadano pueda caminar sin miedo. Cuando ese perfil se distorsiona, la institución pierde su esencia.

La reforma policial prometió modernización, depuración y un nuevo modelo de servicio. Y aunque algunos cambios han comenzado a verse, la población aún siente que la transformación no ha llegado a la calle. Operativos más frecuentes, protocolos inconsistentes y una brecha entre lo anunciado y lo vivido generan dudas. La reforma avanza, sí, pero la confianza avanza más lento.

Desde 2020 hasta julio de 2026, 273 jóvenes han muerto en intervenciones policiales, según Diario Libre, catalogadas como abuso de poder. Cada caso se convierte en un eco que recorre el país, alimentando la indignación y el temor. Más allá de las cifras, cada vida perdida es una señal de alarma que exige respuestas claras y acciones firmes.

La seguridad no puede construirse desde el miedo. Cuando la población teme a quienes deben protegerla, la sociedad entera se debilita. La violencia institucional no solo afecta a las víctimas directas: afecta la confianza colectiva, la esperanza y la convivencia. La reforma policial no es solo un proyecto técnico; es un compromiso ético con el país. Si la seguridad es un derecho, ¿Cómo podemos llamarnos seguros cuando cada día más ciudadanos sienten que deben cuidarse de quienes deberían cuidarlos?